Por su complejidad técnica, así como por las graves consecuencias que se pueden derivar, esta disciplina requiere una dedicación plena y específica.

Con la reforma del Código Penal (L.O. 1/2015), se ha hecho necesario implementar programas específicos de control de riesgos penales en el seno de las instituciones a efectos de eximir o mitigar la responsabilidad penal de las mismas.

Honor e intimidad: injurias y calumnias, detenciones ilegales y coacciones. Derechos de los trabajadores, acoso y discriminación.

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, abusos.

Nuevas tecnologías: delitos informáticos, delitos a través de las redes sociales, estafas.

Asesoramiento ante investigaciones por parte de fiscalías especiales. Blanqueo de capitales, defraudación fiscal y delitos societarios.

Representación letrada ante todos los Tribunales.