Limitación temporal en la calificación del concurso

Limitación temporal en la responsabilidad de los administradores, liquidadores o apoderados generales a quienes se pretenda declarar personas afectadas por la calificación del concurso. Cuestión sobre la que el Tribunal Supremo ha dictado recientemente una resolución.

Todo ello conforme al art. 172.2.1º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC).

El Alto Tribunal manifiesta que la limitación de dos años que la ley establece no se refiere a que, con carácter general, sólo pueda calificarse culpable el concurso por actuaciones realizadas dos años antes de la declaración de concurso.

Las únicas limitaciones temporales a las actuaciones son las previstas en el art. 164. 2. 5º de la LC y en el art. 165.1.3º de la LC. […]

Según la ley, y la interpretación dada por el Tribunal Supremo, la limitación temporal sólo se establece respecto de la condición de administrador o liquidador, de hecho o de derecho (apoderados generales, etc.), pero no respecto de las actuaciones que hayan sido causantes de la culpabilidad (a excepción de lo dispuesto en los arts. 164.2.5º y 165.1.3º de la LC).

No obstante, el Tribunal Supremo considera que en el texto legislativo existe una disparidad entre la limitación temporal de quien hubiera tenido la condición de administrador o liquidador, de derecho o de hecho, o de apoderado general, pero no la tenga al tiempo de la declaración de concurso, y la ausencia de una limitación temporal para la conducta merecedora de la calificación culpable.

En este sentido, el art. 172.2.1º de la LC al regular quiénes pueden ser personas afectadas por la calificación, exige que o bien tengan esta condición al tiempo de la declaración de concurso o bien la hubieran tenido “dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso”. Limitación temporal, que es sólo respecto de la condición de administrador o liquidador de derecho o de hecho, o apoderado general.

[…]

En nuestro Despacho, estamos firmemente convencidos de que la principal función del procedimiento concursal es la satisfacción de los acreedores. De este modo, la pieza de calificación se muestra como un instrumento idóneo para conseguir analizar y, en su caso, determinar el alcance de la responsabilidad que las personas físicas y jurídicas hayan tenido en la generación o agravación de la insolvencia, así como en la consiguiente frustración de los acreedores.

Bernardo Pollicino
Abogado
Director del Departamento de Derecho Concursal
Chávarri Abogados