Un nuevo escenario en el ámbito de la vivienda en cataluña

La Ley 24/2015 tiene como objetivo principal dar respuesta a la situación de emergencia social que se ha creado en los últimos años en el ámbito de la vivienda en el territorio catalán. El sobreendeudamiento de la población y el crecimiento de la pobreza energética han provocado que exista una falta de satisfacción de las necesidades básicas de vivienda y energéticas, creándose situaciones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tanto el artículo 47 de la Constitución Española como el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, reconocen a todas las personas el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo deber de los poderes públicos promover y establecer las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Además, el artículo 112-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña establece que los derechos de los consumidores tienen consideración de derecho básico, siendo objeto de especial protección. La mencionada Ley se aplica a todas las personas consumidoras en el ámbito territorial de Cataluña .
Así, la Ley 24/2015 nace como medida para garantizar estos derechos, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual.
La Ley recoge una serie de medidas dirigidas a regular aquellas situaciones que puedan provocar que una persona física vea vulnerado alguno de los derechos protegidos y mencionados anteriormente. Más concretamente, en la Ley 24/2015, se distinguen los siguientes bloques:
– Medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual (artículo 1 al 4)
– Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda (artículo 5)
– Medidas para evitar la pobreza energética (artículo 6)
– Medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler (artículo 7)
La Ley entró en vigor el pasado 6 de agosto de 2015, tal y como establece la disposición final 7ª, a pesar de que la eficacia de su contenido está condicionada a un ulterior desarrollo reglamentario y legislativo que deberá llevar a cabo la Generalitat de Cataluña.
Ante este panorama, esta nota pretende analizar las medidas propuestas en la mencionada ley; teniendo como principal objetivo el análisis de los requisitos, obligaciones y requerimientos que la ley impone, tanto previa como posteriormente, a la parte arrendadora y titular que quiere recuperar la posesión del inmueble a través del inicio de un procedimiento judicial de desahucio.