La nueva Ley de Contratos Públicos apuesta por la transparencia

El 9 de marzo entró en vigor la última versión de la normativa, que pone el foco en la transparencia y la prevención de la corrupción.

El sector de los contratos públicos es, hoy en día, una disciplina de máxima actualidad, no sólo por ser un derecho cambiante y que se nutre de forma notable de la regulación comunitaria, sino, además, por su incidencia en el diseño, efectividad e implantación de las políticas públicas de los Estados.

Esta disciplina desplaza importantes cantidades de dinero, a través de flujos de naturaleza público-privada. No en vano, alrededor del 20% del PIB español se canaliza a través de la contratación pública.

Una nueva normativa

En este contexto, con el objetivo de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente y menos oscuro, surgió el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público –en vigor desde el 9 de marzo de 2018– mediante el cual se pretende un mejor cumplimiento de las perspectivas públicas.

Este fin se persigue tanto a través de la satisfacción de las necesidades de las administraciones contratantes, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos y, por supuesto, bajo el claro propósito de mejorar la calidad del objeto y/o servicio contratado.

El carácter de las modificaciones

Los objetivos que inspiran la nueva regulación son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública y, en segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio.

Así, se establece por primera vez la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad.

Además, el proceso de licitación debe resultar más simple y se establece también que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son "anormalmente bajas" porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

En definitiva, la normativa trata de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios.

José Antonio Segura Prieto
Abogado
Área de Cláusula Suelo