Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los no residentes. El debate continúa

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones lleva tiempo siendo objeto de debate, particularmente en relación con la fiscalidad de los sujetos pasivos no residentes, y debería ser objeto de una profunda reforma.

Como es sabido, a resultas de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de septiembre de 2014, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, modificó la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para permitir a los residentes en países de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) la aplicación de los beneficios fiscales autonómicos, con la intención de poner fin a la vulneración del principio comunitario de libre circulación de capitales.

Precisamente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en sentencias de 17 de octubre, 23 de octubre y 24 de octubre de 2017, confirmando que procede la devolución de los impuestos pagados en exceso con anterioridad a la reforma por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado para aquellos supuestos en los que las liquidaciones ya eran firmes cuando se publicó la Sentencia del TJUE.

Pero el asunto no termina aquí, puesto que entendemos que la Sentencia también podría resultar

 

de aplicación a herencias y donaciones con residentes fiscales en países terceros extracomunitarios (nacionales españoles incluidos), por lo que la reforma operada en 2014 podría ser insuficiente.

A lo anterior hay que añadir la evolución que ha tenido lugar en el ISD en las distintas Comunidades Autónomas, hasta tal punto que en la actualidad presenta una carga tributaria fuertemente desigual en todo el territorio nacional. Sería razonable una mínima armonización del impuesto en todo el territorio nacional, con la finalidad última de alcanzar una cierta uniformidad en la propia carga tributaria, lo que redundaría a su vez en la eliminación de las discriminaciones tanto internas como las internacionales que se detallan en este artículo.

En el contexto del debate actual sobre la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas podría ser un buen momento para abordarse la reforma de este impuesto.

Fernando Jiménez González
Socio
Área Fiscal
Chávarri Abogados