La condena en costas en los procedimientos económico-administrativos

El nuevo Real Decreto 1073/2017 introduce cambios en los criterios de imposición y cuantificación de las costas en este tipo de reclamaciones.

Uno de los cambios que establece el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, hace referencia al Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

En concreto, se refiere a la modificación del artículo 51 de este Reglamento de Revisión, que determina los criterios de imposición y cuantificación de costas en materia de reclamaciones económico-administrativas.

Las novedades

Con dicha reforma, se incluyen directamente en el Reglamento los importes a exigir como costas del procedimiento, por lo que parece evidente que se pretende dar un impulso a la imposición y exigencia de costas, como de hecho se menciona expresamente en el Preámbulo del Real Decreto 1073/2017.

Así, según la nueva redacción del apartado 2 del artículo 51 del Reglamento de Revisión, en términos generales las costas se cuantificarán en un porcentaje del 2% sobre la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado.

En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas antes referidas. Además, la modificación aclara que estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.

Una cuantificación automática

Como se puede apreciar, este apartado 2 establece una cuantificación automática de las costas, alejándose de la anterior redacción de la norma y de la propia definición de este concepto, que debería descansar sobre los gastos reales y efectivos incurridos en el seno del procedimiento.

Y en relación con esto, es que ni tan siquiera se regula un límite máximo al indicarse que las costas serán del 2% de la cuantía del procedimiento, estableciéndose únicamente unos determinados límites mínimos. Se trata de unos sistemas de cuantificación que no parecen razonables ni proporcionados.

No obstante, lo más sorprendente llega al final, con la introducción de un nuevo apartado 5 en el artículo 51 del Reglamento de Revisión que señala que, cuando la administración interprete la obligación de que el contribuyente tenga que pagar esta cuantía por considerar que hay temeridad o mala fe, la sociedad o el ciudadano no podrán recurrir esta decisión.

En definitiva, no hay que olvidar que los órganos que resuelven las reclamaciones económico-administrativas no dejan de ser parte de la Administración, por lo que no parece razonable dejar a su arbitrio, y en los términos tan defectuosos como se ha expuesto, una materia tan sensible como el derecho de defensa.

Fernando Jiménez González
Socio
Departamento de Derecho Fiscal