La extralimitación de la función calificadora de los registradores en la interpretación de la ley

La incertidumbre en torno al alcance de la calificación del registrador arroja dudas sobre la aplicación de la ley en ejecuciones hipotecarias.

A la hora de examinar una ejecución hipotecaria, nos encontramos con cuatro operadores jurídicos claves para la correcta tramitación del procedimiento, encargados de garantizar el normal desarrollo de las actuaciones, velando además por el cumplimiento y el respeto a la ley, así como la correcta protección de todas las partes intervinientes en el procedimiento. Estos operadores son el Legislador, los Notarios, los Jueces, y los Registradores.

En medio de un periodo de gran inestabilidad socioeconómica, provocada por una crisis a escala global, el Legislador decidió tomar cartas en el asunto, y se dio forma a la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Por tanto, se procedió tanto a la creación de nuevas normas, como a la modificación de las existentes, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y a conseguir un mayor equilibrio entre las partes.

La función del Registrador

¿Hasta dónde puede llegar la calificación del Registrador? ¿Puede reinterpretar una ley de un modo distinto a cómo lo hacen los tribunales, o a cómo se recoge de manera expresa en la ley, y todo supuestamente en aras de la defensa de los consumidores?

En el control de la legalidad de la función calificadora del Registrador hay que señalar que, por un lado, el Registrador tiene la obligación de cumplir los mandatos y resoluciones judiciales; y, por otra parte, que aquellos documentos que no se ajusten a las exigencias del Registro, no puedan acceder al mismo.

Esta dicotomía se ha puesto de manifiesto en dos recientes resoluciones de la DGRN que vamos a comentar a continuación: la Resolución de la DGRN de 12 de mayo de 2016 y más actualmente, de la Resolución de la DGRN de 20 de septiembre de 2017.

Conclusión

La ley es clara y precisa, y aunque la interpretación dada por la DGRN para el supuesto de subasta desierta tratándose de vivienda habitual puede generar dudas, no es menos cierto que la interpretación realizada para el supuesto de vivienda no habitual, parece abusiva y a todas luces contraria a la ley, puesto que la pretendida protección hacia el consumidor no puede producirse de la misma manera, en tanto que se trata de segundas o ulteriores viviendas del consumidor, que en ningún caso va a quedar en situación de desamparo.

Para finalizar, qué duda cabe que la protección del consumidor es necesaria, y el legislador tiene que poner todos los mecanismos y medios a su alcance para lograr tal objetivo, siendo la labor del registrador fundamental, pero ello no puede ir en detrimento de la persona del acreedor que es la parte perjudicada del procedimiento y quien ha iniciado el mismo ante el incumplimiento del deudor.

Fausto Garrido Gallego
Abogado
Área de Subastas