Honorarios en costas: seguridad jurídica vs libre competencia

Los honorarios en costas, debatiéndonos entre el principio de seguridad jurídica y el de libre competencia.

Antes de decidirse por la interposición de un procedimiento judicial, una de las inquietudes de todo cliente es la eventualidad de una condena en costas, tanto desde el punto de vista del beneficio económico que supondría su imposición a la parte contraria, como del riesgo de ser condenado a pagar las costas del contrario.

Diferencia entre gastos del proceso y costas.

En primer lugar, la pregunta que debemos formular es si todo gasto generado como consecuencia de un procedimiento es resarcible. La respuesta es no, no todo gasto es resarcible a la parte vencedora.

Gastos del proceso son aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia del pleito, esto es, desde la llamada inicial al abogado, hasta la misma tinta que se emplea en la impresión del último escrito procesal.

En cuanto a las costas, teniendo en cuenta los gastos procesales, que son todos, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece con claridad que el litigante condenado en costas únicamente deberá abonar las partidas consistentes en honorarios de letrado, minuta de procurador, peritos y demás abonos que deban realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso, aranceles necesarios, depósitos para recurrir, la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en la medida que permanece vigente, inserción de anuncios o edictos, copias, y otros conceptos “menores” como copias, certificados, etc…

Límite de gasto en costas

Debe ponerse un límite al gasto resarcible en concepto de costas. Tanto por la sencillez en su tasación como por la necesidad de conocer el importe de costas al que uno se enfrenta antes de iniciar un proceso, extremo imprescindible para la seguridad jurídica.

Pues bien, generalmente el principal concepto de las costas procesales, tanto por su importe, como por su habitual necesidad, no es otro que el de honorarios de abogado.

Efectivamente, parece lógico que exista un dosier de honorarios, entendiendo como tal un criterio neutro que pueda aproximar el importe que deba resarcirse mediante costas, ya que, de no existir este límite, las costas reclamables podrían ser astronómicas en cualquier proceso.

En el caso de los Procuradores, sus minutas vienen reguladas legalmente, según el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, de forma que se puede aproximar con poco margen cual será el importe de su minuta, que siempre dependerá del tipo de asunto y de las actuaciones procesales finalmente realizadas.

En cuanto a los honorarios de letrado, esta cuestión venía resuelta por los respectivos Colegios de Abogados, que publicaron primero criterios para la fijación de honorarios y después, modificaron su denominación y contenido convirtiéndolos en criterios orientadores para la emisión de dictámenes en materia de honorarios, de forma que, independientemente de la minuta que efectivamente se haya abonado al letrado, se limite el importe que de la misma deba abonar la parte condenada.

Estos criterios son los que utiliza la comisión de honorarios de los colegios de abogados cuando, requeridos judicialmente, porque se haya impugnado el importe de una minuta en una tasación o jura de cuentas, deben decidir si unos honorarios son excesivos o adecuados. Además, permiten a los abogados dar una previsión más o menos exacta de una condena en costas a todo cliente, lo que le otorga la necesaria seguridad jurídica para, junto con el resto de elementos, decidir si emprender o no una acción o recurso.

Honorarios: regulación

Los Colegios de Abogados han adaptado sus criterios a la nueva normativa (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a la conocida Ley Ómnibus, entre otras) estableciendo con meridiana claridad que únicamente se emiten los honorarios a los únicos efectos de elaborar informes sobre tasaciones o juras de cuentas a requerimiento judicial.

Aun así, han sido sancionados por la Comisión del Mercado de la Competencia el ICAM y el Colegio de Alcalá de Henares.

Así las cosas, ante la fina línea que distingue un listado de precios de un baremo orientador para emitir informes, si es que puede haber diferencias, parece hasta lógico que la reacción sea la de negarse a facilitar los criterios de honorarios.

En definitiva, entre la libre competencia y el principio de seguridad jurídica, debe prevalecer este último.

Para concluir, desde CHÁVARRI ABOGADOS seguiremos asesorando a nuestros clientes en cuanto al importe de la posible condena en costas futuras, pues entendemos que es un elemento que todo justiciable debe conocer necesariamente al decidir la intervención en un proceso, con la menor incertidumbre que nos permita la claridad de los baremos aplicables (a los solos efectos de emisión de informes sobre honorarios a requerimiento judicial).

Luis F. Sánchez Gimeno

Abogado

Área Litigación Civil e Inmobiliario