¡Aviso a navegantes! La relación electrónica con la Administración exige tomar precauciones.

De las muchas las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe destacar la obligación de ciertos administrados de relacionarse electrónicamente con la administración, la cual no está exenta de dificultades que requieren la adopción de ciertas cautelas.

¿Quiénes están obligados?

Los apartados 2º y 3ª de del artículo 14 establecen quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para cualquier trámite:

1º. Las personas jurídicas.

2º. Las entidades sin personalidad jurídica.

3º. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

4º. Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

5º. Los empleados de las Administraciones Públicas, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas en su condición de empleado público.

6º. Aquellos se establezcan reglamentariamente.

Sin embargo, en virtud del apartado 1º de dicho artículo, las personas físicas no comprendidas en alguno de los supuestos anteriores pueden decidir si se comunican o no a través de medios electrónicos, pudiendo variar el medio de comunicación en cualquier momento.

¿Qué sucede con aquellas aplicaciones informáticas que impiden conocer la correcta cumplimentación de los trámites?

 

Al respecto se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso Administrativo) núm. 188/2017 de 6 de junio, de la que se desprende que la carga de utilizar correctamente las aplicaciones informáticas y comprobar el correcto registro de los documentos presentados mediante las mismas, pesa sobre los administrados.

¿Y con las notificaciones realizadas por la Administración?

Siempre han de ser practicadas por medios electrónicos a los obligados y personas físicas que hayan optado por relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas, salvo que la notificación sea por comparecencia espontánea del administrado o su representante en las oficinas de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento, o cuando resulte necesario practicarla por entrega directa de un empleado público para asegurar la eficacia de la actuación administrativa.

La peculiaridad de las notificaciones electrónicas reside en que es el administrado quien debe asegurarse de su recepción, a diferencia de lo que ocurría en el régimen anterior.

Aun cuando el artículo 41.6 prevé que la Administración enviará al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del administrado un aviso informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica, su falta de práctica no impide la validez de la notificación, por lo que es el administrado quien debe asegurarse de su recepción y tomar precauciones en materia de notificación.

¿Y si no se usan medios electrónicos a pesar de estar obligado a ello?

En este caso, el artículo 68.4 establece que las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la solicitud la del momento en que haya sido realizada la subsanación.

En consecuencia, las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo realizadas por los administrados identificados en los apartados segundo y tercero del artículo 14 se tienen por presentadas en la fecha en que se produzca su presentación electrónica, de ahí que su realización en el trámite de subsanación podría acarrear su extemporaneidad.

No obstante, al no contenerse una previsión similar con respecto a los recursos administrativos cabe interpretar, bien que los efectos del artículo antedicho son extensibles a los mismos, bien que su presentación electrónica en el trámite de subsanación no determina su extemporaneidad en virtud del principio de tutela judicial efectiva y el instituto de la subsanación.

Para concluir

Al objeto de evitar eventuales complicaciones en sede administrativa, parece aconsejable que aquellos no obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas sigan recurriendo a la presentación y notificación en soporte papel, y los normativamente obligados obtengan todo lo necesario al efecto y realicen todos los trámites electrónicamente cuidando su correcta cumplimentación y registro, revisando periódicamente las sedes electrónicas en que pudieran recibir notificaciones.

Una solución intermedia a las anteriores consiste en que aquellos que se relacionen electrónicamente con la Administración, estén o no obligados a ello, cuenten con un representante experimentado en esta materia que se encargue de la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, para que sus legítimos intereses no se vean perjudicados por cuestiones técnicas.

Jorge Petrement Lewicky
Abogado
Área de Derecho Administrativo