Hacia una mayor protección de los secretos empresariales

La nueva Ley de Secretos Empresariales aspira a proporcionar más seguridad y a proteger a las empresas de prácticas desleales.

En la actualidad, las compañías están expuestas a prácticas desleales que persiguen la obtención ilícita de información a través del incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. Como consecuencia, las empresas se ven obligadas a incrementar su capacidad de innovación o bien a adoptar mayores medidas para evitar que se produzcan fugas de secretos empresariales.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales se ha aprobado para dar mayor seguridad y dotar de protección a las empresas sobre aquellas prácticas que son desleales y que tratan de obtener, utilizar o revelar secretos empresariales.

Esta nueva norma traspone la Directiva Europea 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación lícita.

Sus novedades más significativas se centran en los siguientes aspectos:

1. ¿Qué se entiende por secreto empresarial?

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento (incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero) que reúna una serie de condiciones, tales como: tener una valoración empresarial o haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantener su carácter secreto.

2. ¿Cuándo se considera ilícita la obtención de secretos empresariales?

Son ilícitas las actuaciones orientadas a la obtención de secretos empresariales cuando se realizan sin consentimiento de su titular. En este sentido, se considerarán ilícitos no sólo el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir, sino además cualquier otra actuación que se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

3. Acciones de defensa de los secretos empresariales:

Se fijan unas reglas con el fin de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda suponer un secreto profesional.

Dichas acciones de defensa se enumeran a través de unas determinadas acciones civiles, que además de cualquier otra acción general anteriormente existente, podrán ejecutarse contra los actos de violación empresarial, prescribiendo éstas a partir de los tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

Se prevé que se podrá solicitar:

  • La declaración de la violación del secreto empresarial;
  • La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial;
  • La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines;
  • En ciertos supuestos, la aprehensión de las mercancías infractoras, incluyendo la recuperación de las que se encuentren en el mercado y de los medios destinados únicamente a su prodición;
  • La remoción, y en su caso su destrucción total o parcial;
  • La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante;
  • La indemnización de los daños y perjuicios que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial;
  • La duplicación o difusión completa o parcial de la sentencia.

4. Prescripción de las acciones de defensa de los secretos empresariales y mayor protección de la confidencialidad de la información en los procesos judiciales:

Se amplía el plazo de prescripción a tres años desde el momento en que el legitimado tiene conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Además, se establecen una serie de medidas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial, no sólo durante la tramitación de un procedimiento judicial, sino que también tras su conclusión.

5. Cálculo de los daños y perjuicios:

Se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes que haya sufrido el titular del secreto empresarial a la hora de ser fijada la indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes.

6. Introducción de unas reglas en materia de medidas cautelares contra el presunto infractor:

Se pretende asegurar la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, tales como el cese o en su caso la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; el cese o en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar; la retención y depósito de mercancías infractoras y el embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Cabe reseñar que, hasta la fecha, existía una legislación diseminada, por lo que la entrada en vigor de la norma –que tendrá lugar el próximo 12 de marzo– provocará que los secretos empresariales cuenten con una mayor protección.