El Supremo limita los intereses en el concurso de acreedores

Los intereses moratorios de los créditos con garantía real posteriores a la declaración de concurso no tendrán la consideración de crédito privilegiado.

“Se ha de saber que no se ha de contar como mora todo lo que se hace con justísima razón para diferir; porque, ¿qué se dirá si el deudor requiriese que intervengan amigos, o para pagar la deuda, o para rogar a fiadores, o se alegará alguna excepción? No se considera haberse causado mora.”[1]

Este razonamiento del jurista Ulpiano, parece haber sido el que subyace a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2019[2].

A partir de esta resolución, que deberá confirmarse por un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo, la doctrina jurisprudencial parece inclinarse por reconocer que los intereses moratorios sólo podrán devengarse, y por tanto comunicarse y reconocerse, hasta el momento del auto de declaración de concurso.

En la sentencia de 11 de abril, el Tribunal Supremo pretende incluir un matiz a lo ya mencionado en su resolución de 20 de febrero. Pues bien, lo que se ha introducido por el Alto Tribunal no parece un matiz de la resolución anterior, sino más bien un giro copernicano en la interpretación de qué intereses forman parte del privilegio especial proveniente de un crédito con garantía real.

Este cambio afecta a todos los legítimos intereses de los acreedores con garantía real sobre su crédito, e implica una limitación en la cuantía que según escritura corresponde devengarse por los intereses de demora. ¿Por qué este cambio?

Hasta el momento, el criterio que resultaba mayoritario -basado en la literalidad de la normativa concursal- era el de interpretar que los intereses remuneratorios y moratorios generados por el crédito privilegiado después de la declaración de concurso debían ser considerados como créditos con privilegio especial siempre que estuviesen cubiertos por la garantía real. A modo de ejemplo, son de referencia las resoluciones de las Audiencias de Barcelona[3], Badajoz[4], Salamanca[5], Zaragoza[6], y especialmente la resolución del Tribunal Supremo del pasado 20 de febrero.

Sin embargo, en la resolución de 11 de abril, el Tribunal Supremo matiza el criterio anterior excluyendo de la consideración de privilegiado especial a los créditos por intereses moratorios generados después de la declaración de concurso. Es decir, este nuevo matiz implica la amputación de parte de los intereses moratorios que hasta el momento se devengaban con el único límite de la responsabilidad hipotecaria máxima. Ahora se añade otro: que no se devenguen con posterioridad al auto de declaración de concurso.


[1] Ulp. 34 ed. D. 22.1.21
[2] STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 11 de abril de 2019 (Sentencia 227/2019; Recurso 3168/2016)
[3] SAP de Barcelona (Sección 15) de 19 de junio de 2014 (Sentencia 216/2014; Rollo 44/2014)
[4] SAP de Badajoz (Sección 3) de 24 de marzo de 2015 (Sentencia 71/2015; Rollo 59/2015)
[5] SAP de Salamanca (Sección 1) de 20 de julio de 2011 (Sentencia 328/2011; Rollo 24/2011)
[6] SAP de Zaragoza (Sección 5) de 19 de mayo de 2014 (Sentencia 157/2014; Rollo 78/2014)

El razonamiento del Tribunal se basa en la interpretación que debe hacerse del artículo 59 de la Ley Concursal, y su justificación es la siguiente:

  • La regla general de suspensión del devengo de intereses y la excepción correspondiente a los créditos con garantía real se refiere a los intereses remuneratorios, y no a los moratorios. Por tanto, la excepción que el citado artículo establece respecto a los créditos con garantía real debe entenderse referida solo a los intereses remuneratorios, y no a los moratorios.
  • Según el artículo 49 de la Ley Concursal, los créditos quedarán afectados a la solución concursal por la que se opte, sin que por lo general sean exigibles antes de que se alcancen tales soluciones. Por ello, al existir una imposibilidad legal de pagar hasta que se pongan en marcha aquellas soluciones, no tiene sentido que operen instituciones como los intereses o recargos de demora.
  • Esta interpretación encaja con la ratio del actual artículo 155.5 de la Ley Concursal, puesto que la deuda originaria es la cubierta por la garantía teniendo en cuenta que no incluye los intereses moratorios posteriores a la declaración de concurso, porque no se habrían devengado.

Está claro que la nueva interpretación intenta basarse en criterios de equidad, o de razonabilidad. Sin embargo, en ese intento el Tribunal Supremo obvia la principal finalidad del concurso: la satisfacción de los acreedores.

¿Qué ocurrirá si la responsabilidad hipotecaria máxima no ha sido alcanzada sin la consideración del devengo de intereses de demora posteriores a la declaración de concurso? ¿Cómo se conjuga esta nueva interpretación con la asimilación que el propio texto legal hace de los efectos del concurso para los intereses remuneratorios y moratorios (artículo 92.3) y que los incluye expresamente sin limitación alguna?  Son preguntas que quedan abiertas.

Lo que está claro, es que la interpretación a la que llega el Tribunal Supremo, que de confirmarse mediante una segunda resolución constituirá doctrina jurisprudencial, perjudica gravemente los intereses de los titulares de garantías reales mermando la cuantía de sus créditos privilegiados.

A partir de esta resolución habrá que tener presente el nuevo criterio en el momento en el que se concedan los préstamos, así como en el transcurso de los procedimientos concursales.

En definitiva, bien podría parecer que el Alto Tribunal ha hecho suya la ratio de Ulpiano que mencionamos al principio, que reformulada rezaría así: se ha de saber que no se ha de contar como mora todo lo que se hace con justísima razón para diferir; porque, ¿qué se dirá si el deudor hubiere solicitado voluntariamente el concurso de acreedores y este se hubiera declarado? No se considerará haberse causado mora.

Bernardo Pollicino
Socio
Área de Reestructuraciones e Insolvencias